Ya en la recta final hacia las elecciones presidenciales, el oficialismo busca implementar el mismo programa económico que le permitió un buen desempeño en las legislativas de 2017. Lograda la venia del FMI para frenar el dólar hasta octubre en base a la venta de reservas fondeadas por sus créditos, el camino a la implementación del populismo financiero (dólar barato y despegue del gasto público y privado, apalancados en créditos) se encuentra despejado.
El dólar planchado permite amansar la inflación, amortiguando su impacto sobre los salarios e ingresos de la seguridad social. La temporalidad de los aumentos pactados en paritarias y la tradicional suba de las jubilaciones en septiembre, permiten vislumbrar cierta recuperación del consumo (o, por lo menos, frenar su estrepitosa caída). La agresiva política de créditos de la ANSES apunta a fortalecer esa recuperación del consumo privado. Mientras, el Estado parece dispuesto a sacrificar por unos meses su obsesión por el déficit cero (primario, que excluye a los intereses de la deuda que desangran las finanzas públicas), manteniendo las tarifas e impulsando la obra pública nacional.
El programa económico electoral busca emular el implementado en 2017. Sin embargo, el contexto en que se implementa es muy diferente. Hacia adelante, el sobreendeudamiento de la economía argentina del presente, vislumbra un futuro de ajuste que derrumba las expectativas sobre el devenir económico, con sus consecuencias depresivas sobre las decisiones de inversión y de contratación de trabajadores. Si la crisis de 2018 sorprendió a la mayor parte de los actores económicos que pensaban la recuperación económica de 2017 como el punto de partida de una etapa de crecimiento, los empresarios locales e internacionales manejan un escenario recesivo post octubre 2019 como el más probable.
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