De acuerdo con el Memorandum de Entendimiento que el Gobierno firmó con el FMI, el gran esfuerzo fiscal habrá que hacerlo en 2019 en el medio de un año electoral. La baja de 1,4 puntos porcentuales del PBI del déficit fiscal exige una reducción del gasto público de aproximadamente unos USD 6.900 millones si tomamos el PBI proyectado en el Presupuesto 2018 para 2019 y un tipo de cambio de $28 por dólar.
Para tener idea de la magnitud del esfuerzo fiscal que habrá que hacer, tomemos como referencia el ajuste del gasto público que quiso hacer Ricardo López Murphy en marzo del 2001. En ese momento la baja del gasto propuesta era de $3.000 millones, que con una paridad aún fija de 1 a 1 entre el peso y el dólar equivalía a USD 3.000 millones. Indexando la cifra en dólares por el IPC de USA, serían unos USD 4.700 millones de hoy.
El ajuste del gasto público que quiso hacer Ricardo López Murphy en marzo del 2001 era de $3.000 millones, equivalente a unos USD 4.700 millones de hoy. Ahora se propone para 2019 una baja del gasto de USD 6.900 millones
Esto quiere decir que en un año electoral habrá que hacer una baja del gasto público un 47% mayor que en ese momento. Si lo tomamos respecto al gasto público, mis cuentas dan una baja del 8% en 2001 y lo mismo para 2019 aproximadamente.
Hasta ahora, cada vez que uno proponía una baja del gasto público, salía el ejemplo de Ricardo López Murphy: no se puede bajar el gasto porque miren lo que pasó al segundo ministro de Economía de Fernando de la Rúa, duró dos semanas en el cargo. Claro que nunca cuenta cuál fue el costo de no haber bajado el gasto público como se proponía 17 años atrás.
El costo de rechazar el ajuste en marzo de 2001
1. Bajaron las jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos un 13 por ciento;
2. Vino el corralito;
3. Sucedieron 5 presidentes en una semana;
4. Default;
5. Pesificación asimétrica;
6. Caída del 15% del PBI;
7. Salto de la pobreza del 50 por ciento
El costo social, político y económico de no bajar USD 3.000 millones fue infinitamente mayor al de haberlo bajado.
Es posible que si el Gobierno no cumple con la meta fiscal acordada con el FMI en el electoral 2019, el FMI otorgue un waiver y lo deje seguir con el acuerdo hasta las elecciones. No obstante, en algún momento habrá que enfrentar la realidad y esa realidad es más compleja que en 2002 y las licuaciones del gasto público anteriores.
Es posible que si el Gobierno no cumple con la meta fiscal acordada con el FMI en el electoral 2019, el FMI otorgue un waiver y lo deje seguir con el acuerdo hasta las elecciones
¿Qué ocurrió en la crisis del 2002 y las anteriores?
Normalmente se recurría a una llamarada inflacionaria y cambiaria y con eso se licuaba el gasto público.
Se subían los salarios públicos y las jubilaciones por debajo de la inflación y se licuaba el gasto estatal. Al mismo tiempo que se hizo eso en 2002, también se había declarado el default (con buena parte del Congreso aplaudiendo de pie a Rodolfo Rodríguez Saá cuando anunciaba la suspensión del pago de la deuda pública) con lo cual se entró durante 4 años en superávit fiscal.
Hoy es inviable pensar en un ajuste del gasto público con la “tecnología” del 2002.
Entre las jubilaciones que actualmente están indexadas y los intereses de la deuda pública en dólares superan cómodamente el 50% del gasto público. Por lo tanto, un salto inflacionario y cambiario ajusta automáticamente, por lo menos, el 50% del gasto público.
La licuación del gasto público vía llamaradas inflacionarias sólo tienen “sentido” si hacen caer el gasto público en términos reales. Es decir, la mayoría de las erogaciones pasan a subir menos que la inflación.
Tampoco luce probable que el gasto público crezca menos que el PBI o, si se prefiere, que el PBI crezca más rápido que el gasto público. En 2017 inflaron artificialmente el consumo con créditos blandos y endeudamiento externo para estimular la actividad económica vía obra pública, creció el PBI, poco considerando el bajo punto de partida, y ahora entramos en recesión.
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