La idea fundamental es que el beneficio tenga impacto sobre toda la cadena de valor. “Son muy importantes los anuncios de hoy para fomentar las exportaciones incrementales. Más exportaciones se traducen en más producción local”, señaló a este medio Isabel Martínez, prosecretaria de Relaciones de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina.

Por la crisis económica que desató la pandemia, las exportaciones del sector se desplomaron un 39,5% en 2020. Las terminales coinciden en que la medida ayudará a recuperar el terreno perdido el año pasado: “El diálogo y el consenso son el camino para la generación de medidas que alienten el desarrollo de nuestro sector y permitan al mismo tiempo promover mayores envíos al exterior”, destacó Daniel Herrero presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores.

Como adelantó Ámbito, el Gobierno enviará además un proyecto de ley al Congreso. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo adelantaron que el foco será “la generación de puestos de trabajo de calidad, el desarrollo de nuevos modelos, el fomento de una mejor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador de la cadena y una mayor integración de autopartes locales”.

En rigor, se creará un régimen de fomento a nuevas inversiones de toda la cadena de valor del sector automotor. En ese sentido, los proyectos que surjan de los nuevos desembolsos podrán gozar del saldo de libre disponibilidad de los créditos generados por el IVA para aplicar contra impuestos nacionales.

El nuevo marco normativo también promueve la amortización acelerada de las inversiones para los bienes muebles y para obras de infraestructura. A su vez, se eliminarán las retenciones a las exportaciones de los bienes producidos al amparo de los proyectos aprobados en el marco del régimen.

Para hacerse de los beneficios de la ley, los proyectos de inversión deberán cumplir con un monto mínimo. Además, deberán mantener un determinado contenido nacional durante los 5 años posteriores a la fecha de puesta en marcha del proyecto.

Dentro del marco normativo también estará prevista la creación del Instituto de la Movilidad. Se trata de un ente de derecho público no estatal que tendrá por objeto fomentar la coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor.

Con la batería de medidas aplicadas el Gobierno espera reducir el déficit que el sector genera en la balanza comercial y recuperar parte del empleo perdido en los últimos años. Según adelantó Kulfas, podrían llegar inversiones por unos u$s5.000 millones bajo este nuevo régimen.